Apolinar Veloz explica que no se terminó el contrato como informó públicamente el mandatario
El economista doctor Apolinar Veloz consideró que el presidente Luis Abinader no terminó el contrato con el “peaje sombra” de la autopista de Samaná, como se informó públicamente el pasado jueves 9 de diciembre, sino que lo pagó por adelantado, decisión que el experto opinó que fue un error del mandatario.
Abinader anunció que el Gobierno finalizó el acuerdo con la Sociedad Autopista del Nordeste S.A. por un monto de US$410 millones, sin embargo, de acuerdo con el economista, de haberse pagado en el tiempo establecido originalmente el Estado habría hecho una menor inversión debido a la pérdida de valor que experimenta el dinero año tras año.
“Yo no sé si el presidente se dio cuenta de que cuando se hace una transacción de esa naturaleza hay que tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo”, dijo Veloz en una entrevista para el programa “Revista Dominical Dejando Huellas” transmitido por la emisora CDNRadio.
El contrato para la construcción de la Autovía de Samaná fue adjudicado en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001 y le costó al Estado RD$26,348 millones en un período de 13 años, con un restante de US$1,900 millones pagaderos al 2038.
Según explicó, el acuerdo tenía una cláusula de ingresos mínimos garantizados con una tasa interna de retorno equivalente a 16.9%, lo que significa que si no pasaban la cantidad de carros necesarias que generara los ingresos suficientes para obtener ese beneficio, el Gobierno tendría que cubrir la diferencia.
Esta cifra nunca fue cubierta por los vehículos que transitaban en la zona, por lo que el Estado se vio obligado a completar el monto año tras año.
De acuerdo con Veloz, esta construcción “tiene una inversión que no puede justificar desde el punto de vista técnico. El sector privado fue ineficiente y contó con la falta de funcionarios públicos del Gobierno”.
“Lo que me preocupa mucho es que siempre se dice ‘la empresa’, pero nunca hay ningún funcionario público que esté siendo señalado como responsable de la realización de ese contrato”, dijo a Onorio Montás, productor del programa.
En otro orden, el economista criticó el uso de fideicomisos por parte del mandatario, tras definirlos como una forma de legislación que permite proteger los activos financieros o físicos de la persecución de terceros, lo que incluye al propio Estado.
En otras palabras, una de las principales características de los fideicomisos es la privacidad que otorga a los activos de quien decida utilizarlos, puesto que los únicos que tienen posibilidad de conocerlos son el dueño (fideicomisario) y el fideicomitente.
Destacó que los fideicomisos suponen “secretismo, opacidad y falta de transparencia” del gobierno, que los empresarios utilizan para su beneficio personal.
Señaló que si esta práctica se una a las Asociaciones Público – Privadas (APP), entonces quienes las administran podrán afirmar que se trata de un negocio privado y que, por lo tanto, no tienen que rendir cuentas al Estado dominicano.
“Por esa razón muchos dicen que las APP son beneficiosas para un gobierno que no tiene recursos, porque el sector privado trae el dinero. Le permite pagar el préstamo y tener un beneficio”, declaró.
Debido a la privacidad de este método, Veloz aseguró que frecuentemente es utilizado por los empresarios para la evasión de impuestos. Aseguró que se trata de una estrategia para asegurar que el sector privado siempre va a tener beneficios, aun cuando cometa errores garrafales en los proyectos que desarrolle con el Estado.
“No es posible que el Gobierno pueda pedirle sacrificios a una población cuando está disfrutando de una deliciosa cena”, agregó.
De 95 APP, solo existen 4
Se refirió al caso de Reino Unido, cuando Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en su país, entre 1979 y 1990, abogó por la privatización de industrias públicas, entre ellas las del gas, el agua y la electricidad. También se privatizó el sector de salud, el sistema carcelario, entre otros.
Al término de su gobierno existían 95 asociaciones público – privadas de las cuales solo cuatro existen y se mantienen en funcionamiento en la actualidad. Además, el servicio que ofrecían se vio notablemente deteriorado debido a que el objetivo principal de las empresas era generar ingresos económicos, dejando de lado el otorgar un buen servicio a la población.
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