Los impuestos son pagos que realiza el sector privado –sus agentes- al Gobierno, pagos sin contraprestación, es decir, sin recibir nada, necesariamente, a cambio. Dinero a cambio de nada, un pago gracioso. Aunque no puede ser totalmente así. Pagos a cambio de absolutamente nada, ni en el feudalismo. Sería literalmente un robo, más exactamente una extorsión puesto que el cobro de impuestos se hace invariablemente mediante el uso de una o más fórmulas de fuerza, la disuasión a la cabeza. En el feudalismo, el señor feudal facilitaba sus tierras para su explotación y otorgaba protección a sus súbditos. De manera que algo entregaba a cambio. Podríamos discutir los términos del intercambio y su justicia en términos del esfuerzo humano. Pero algo es algo, mejor que nada. Con más razón en la sociedad burguesa –y democrática-, los impuestos no pueden ser a cambio de nada. Menos en los discursos oficiales y las promesas de campaña que en la realidad.
En general, los impuestos pagan tres conceptos (que pueden ser cuatro si se toma la ineptitud y la ineficiencia como concepto aparte): el gasto corriente, es decir, la nómina pública y todos los elementos consumibles en el plazo corto. El gasto de capital, la inversión pública, que adquiere los elementos que no son directamente consumibles puestos a disposición del uso general de la población. Y la corrupción en la administración pública. Cien pesos –digamos que a eso ascienden las recaudaciones- que se tienen que distribuir entre estos conceptos. Si a cien pesos ascienden las recaudaciones, y de momento no tenemos cómo aumentarlas, si queremos aumentar el gasto en un concepto necesariamente lo tenemos que disminuir en otro en la medida exacta. Si más al gasto corriente, o a la corrupción, menos exactamente al gasto en capital. Lo que aumenta uno lo disminuye otro o los otros dos. No hay alternativa, salvo que se puedan aumentar las recaudaciones.
De inmediato la discusión que se va filtrando en la opinión pública cuando el Gobierno prepara un aumento general de impuestos (reforma fiscal, le llaman): la presión fiscal –la relación de recaudación impositiva a PIB- es muy baja en el país, entre trece y dieciséis por ciento. Hay países –desarrollados- en que puede llegar hasta un cuarenta por ciento. La presión fiscal es muy baja en el país, hay que aumentarla. Y en seguida todo el mundo –más bien, los pagadores finales de impuestos- saltan de sus asientos como picados en el trasero con un trinche ardiente: ¿Más impuestos? ¿Cómo que más impuestos, si aquí se paga impuestos hasta por la picada de ojo? Que el Gobierno saque dinero de otra parte. (Hay, obviamente, alternativas, pero poco apetecibles desde el punto de visto de quien gobierna)
¿Es realmente baja la presión fiscal en el país? Depende lo que se mida: nominalmente sí, realmente no. Un ejemplo simple: si el PIB asciende a mil pesos, y las recaudaciones fiscales a cien pesos, como supusimos antes, la presión
fiscal nominal es muy baja: diez por ciento. Ahora bien, si de los cien pesos de recaudaciones, noventa y nueve se van en corrupción, ¿es la presión real baja? De ninguna manera, los impuestos se constituyen en un regalo –en realidad, el botín de una extorsión- para la clase política, y el ciudadano contribuyente no recibe nada a cambio. La ausencia de contraprestación de que venimos hablando.
El punto es que los impuestos no son un regalo que hacen los ciudadanos a la clase política, ni un derecho que tiene ésta sobre las finanzas de los primeros. Hay dos ideas de fondo: que por docena es más barato, y que lo que es común lo tenemos que pagar entre todos. Un problema cotidiano: la energía eléctrica. Obviamente, producirla mediante unidades individuales y minúsculas –plantas eléctricas de emergencia- es socialmente mucho más oneroso que hacerlo con instalaciones de tamaño social. Cuestión de aprovechar las economías de escala. Sin embargo –monopolio público, monopolio privado sin supervisión del monopolio público, es decir, el duopolio privado-público- el resultado ha sido exactamente contrario al deseado. Esto en el caso de los bienes de uso privado. Por otro lado tenemos los bienes (y servicios) públicos, aquellos de los que no se puede restringir a ningún ciudadano, pague o no pague impuestos: parques, calles, carreteras, salud, educación públicas. La defensa nacional, la administración pública…
La idea de fondo es que en el Contrato Social los impuestos sí tienen contraprestación: los bienes y servicios públicos puestos a disposición de la ciudadanía por el Estado, pero esto es un asunto nominativo y moral. No hay obligación contractual ni de fuerza para que el Estado cumpla, ni recurso efectivo al alcance de los contribuyentes. Todo queda al juego de las promesas de los políticos, con sus escasas realizaciones, frente a la perspicacia, la capacidad de organización y respuesta, y la modorra de la población.
Otro ejemplito sencillo: aumentemos las recaudaciones. Las aumentamos hasta el 40% del PIB, como en los países nórdicos. Ahora sí, llegamos al Edén, a la resolución de todos los problemas que venimos arrastrando por años. ¿Sí? ¿Seguro? Si de los cuatrocientos pesos que se cobran en impuestos, trescientos noventa y cinco se van en corrupción y dispendio, sólo quedan cinco pesos para el gasto público de utilidad social. ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué hemos mejorado cuando la mayor parte de los bienes y servicios públicos la ciudadanía los tiene que pagar dos veces, una como impuestos, por bienes y servicios que no recibe (o recibe precariamente), otra como bienes y servicios privados, que tiene que adquirir en el mercado libre? ¿Ejemplos? Los más a la mano, salud y educación. En este país sólo utilizan estos servicios públicos quienes no pueden pagar la alternativa privada.
Entonces, ¿presión fiscal baja? No, la presión fiscal nominal es baja, la real es altísima porque de lo que se paga en impuestos no se recibe nada a cambio. Sigamos con el ejemplo, y pensemos que el único servicio público es educación. De cien pesos que ganamos (en promedio), pagamos quince pesos en impuestos: la presión fiscal es baja, dicen los “analistas” del gobierno. Ciertamente, de un quince por ciento. Ahora bien, para conseguir la educación que deseamos, aparte de los quince pesos en impuestos tenemos que pagar veinte pesos en educación privada: la presión real es de treinta y cinco por ciento. Definitivamente otro panorama, cuestión de no dejarse confundir por la demagogia económica.